Fundamedios y su evidente rol político en el golpe blando

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No es la primera vez que la Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios, más conocida como Fundamedios, protagoniza escándalos por los cuales la oposición se levanta a defender lo que según ellos es “libertad de expresión”. Quien diga que esta es una organización imparcial, objetiva y sin ninguna relación con partido o movimiento político alguno, es porque no vive en Ecuador. Esta semana, esta organización no gubernamental recibió una notificación de la Secretaría de Comunicación (Secom), en la que se ha iniciado un proceso de disolución. ¿La razón? Haber incumplido su propio estatuto vigente.

Habría que preguntarse en primer lugar, cuál es el polémico artículo que ha generado el proceso. “La Fundación como tal no podrá ejercer asuntos de carácter político, racial, laboral, sindical y religioso. Tampoco podrá realizar actividades de crédito y comercio”, reza el artículo 6 del reglamento, correspondiente al Título I, denominación y domicilio. Por otra parte, en el Título XI, de la disolución y liquidación de la fundación, el artículo 44 contempla esta desintegración “por resolución de la Asamblea General de Socios, por incumplir con los objetivos propuestos o por no contar con socios activos”.

No es necesario escarbar tanto para darse cuenta de que esta fundación tiene una posición política bien demarcada, no solo como parte activa de apoyo a la oposición a nivel local, sino sobre todo como parte de una estrategia de desestabilización de gobiernos progresistas en América Latina.

Quién no recuerda que en junio de 2011 se destapó el escándalo de la Usaid, cuando se supo que financiaba a Fundamedios. Esta entidad norteamericana se encarga de “fortalecer la democracia”, eufemismo que en realidad significa interferir en países que no siguen políticas económicas de Estados Unidos. Fue tan incómodo este compromiso que el propio César Ricaurte, director de la fundación, trató de desmentir la información difundida por el Gobierno. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Adam Namm, se encargó de ratificar la denuncia que hiciera el Presidente Rafael Correa. Según el diplomático, Fundamedios recibió 25 mil dólares mensuales de Usaid, a través de una triangulación con el Grupo Faro.

Y eso no es todo. Para despejar dudas sobre el accionar de esta ONG, hay que revisar algunos cables filtrados por Wikileaks de la Embajada norteamericana en Ecuador, donde Fundamedios actúa como informante. Nuevamente, Ricaurte tuvo que aclarar la noticia, excusándose en que era una “misión diplomática sobre la situación de la libertad de expresión”.

Por otro lado, Fundamedios también recibe fondos de la NED (Fundación Nacional por la Democracia, por sus siglas en inglés), entidad que ha armado estrategia mediática contra gobierno de Ecuador en la que también está vinculada la ex candidata a asambleísta Martha Roldós.

Mauricio Alarcón, abogado de Fundamedios, afirmó ingenuamente que ejercer actividades políticas, motivo por el que se ha iniciado la disolución, significa exclusivamente el hecho de pertenecer a un partido político determinado. Esta también es la opinión de la periodista Janet Hinostroza, quien afirma que todo aquel que habla de política no es necesariamente político, con ello, la restricción de la ONG para actividades políticas tiene que ver solamente con pertenecer a un partido o movimiento.

¿Pero qué pasa cuando esta organización se articula para hacer plataforma de propaganda política en contra del Gobierno? Es ahí donde incurre en su incumplimiento. Todos sabemos que Fundamedios ha estado inmerso en más de una ocasión a activismo político a nivel interno. Ha coincidido en muchas ocasiones con personajes como Andrés Páez o Fernando Villavicencio. Incluso Guillermo Lasso sale a defender la organización.

Esta relación cercana con la diplomacia estadounidense y los vínculos estrechos con políticos, dilapidó el poco prestigio que había ganado eventualmente esta organización. ¿Cómo creer en una organización que dice ser imparcial, que dice defender la práctica profesional del periodismo, si es financiada por un gobierno extranjero que trata de imponer su agenda económica en el Ecuador?

Por supuesto, esta parcialidad es evidente cuando se trata de denunciar presuntas violaciones al ejercicio periodístico, la razón de ser de la fundación. Por ejemplo, en mayo de 2013, el director de Fundamedios afirmó en una entrevista en Ecuavisa que en 2012 hubo 172 agresiones a periodistas, lo que supuestamente creó un clima hostil. Lamentablemente no tuvo un solo documento que pruebe sus afirmaciones, por lo que la Secom tuvo que aclarar el tema. Y lo más paradójico de estas denuncias es que solo se toman en cuenta si los aludidos medios políticamente alineados con la oposición. ¿Qué dijo Fundamedios, por ejemplo, sobre las agresiones a periodistas de medios públicos durante las violentas manifestaciones en junio y julio de este año? Silencio absoluto.

Todo esto evidencia el marcado accionar politizado de la organización. Por ello, era cuestión de esperar esta medida administrativa forzada por la propia organización, así como la frenética reacción de los mismos líderes de opinión en Twitter que lanzaron procaces insultos y críticas contra el Gobierno, todo esto en nombre de la “libertad de expresión”, eslogan prostituido para disfrazar la propaganda política como ejercicio periodístico.

 

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